La corrupción en México no es un flagelo estacional, sino un fenómeno estructural que erosiona las instituciones, afecta a la sociedad y mina la confianza pública. Según el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, México obtuvo su puntuación más baja en la historia: 26/100, ubicándose en el lugar 140 de 180 países, el más mal evaluado dentro de los miembros de la OCDE (https://www.transparency.org/es/press/2024-corruption-perceptions-index-corruption-playing-devastating-role-climate-crisis).
De acuerdo con INEGI, EN 2023 EL 14 % de personas mayores de 18 años fueron víctimas directas de corrupción al realizar trámites o pagos ante autoridades públicas; y 6 de cada 10 mexicanos (60%) reportaron alguna experiencia de corrupción o extorsión policial (insertar enlace ). Solo una mínima proporción -4.8%- presentó denuncia, motivados en su mayoría por la percepción de inutilidad o pérdida de tiempo (ESTÁDISTICA INEGI SOBRE LA CORRUPCIÓN EN 2023).
En lo económico, el costo anual estimado de la corrupción en transacciones cotidianas alcanzó 9,500 millones de pesos en 2022, con un promedio de 3,044 pesos por persona afectada (enlace). Estudios anteriores elevaron esa cifra a 12,769 millones en 2019 (enlace). A nivel macro, otros cálculos estiman que la corrupción puede representar hasta el 9% del PIB nacional (IMCO 2015)
Entre las entidades más afectadas, la policía destaca por su corrupción sistémica: el 59% de los ciudadanos que interactuaron con autoridades de seguridad pública en 2023 denunciaron experiencias corruptas, convirtiéndolo en el trámite mas riesgoso desde 2013 (enlace el gráfico). A escala digital, el soborno tiene lugar hasta ámbitos judiciales: el reciente caso de la escritora Sabina Berman confesó haber sobornado a un juez para evidenciar la corrupción del sistema judicial revela hasta qué punto el sistema carece de mecanismos efectivos de rendición de cuentas (NOTA, EL PAÍS 2024).
Casos emblemáticos como la Estafa Maestra, que desvió más de 400 millones de dólares mediante contratos simulados entre dependencias federales, universidades públicas y empresas fantasma, siguen impunes; ninguna figura política ha sido sentenciada pese al esfuerzo periodístico e institucional por destaparlo (buscar enlace).Otro escándalo resonante, el caso Odebrecht, involucró sobornos por más de US$10.5 millones durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, vinculando contratos de obra pública con un sobrecosto millonario (https://contralacorrupcion.mx/web/lanegrarelacion/la-negra-historia-de-odebrecht.html).
Transparencia Internacional identifica cinco factores que explican esta debacle: la incertidumbre sobre las reformas judiciales y del sistema de corrupción, la impunidad en casos emblemáticos Odebrecht y Segalmex, sanciones administrativas insignificantes (solo 8,4% de casos sancionados), vínculos entre crimen organizado y autoridades, y licitaciones opacas con empresas pantalla (https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/investigations-compliance-ethics/mexico-corruption-perceptions-index-2024?utm).
Si bien existe voluntad de reforma en la administración actual, el reto es complejo: restaurar un sistema judicial autónomo, sancionar a responsables y reconstruir la confianza ciudadana en instituciones que hoy son vistas como cómplices o ineficaces. El costo de no actuar -económico, social y democrático- es demasiado alto para ignorarlo. La corrupción no es solo una pérdida de recursos: es una deuda colectiva pendiente que exige compromiso real y resultados medibles.
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